La justicia gratuita amplía sus beneficiarios

La nueva ley admite defensa jurídica sin coste para rentas que no superen 2,5 veces el IRPM, aunque a cambio impone tasas del 10% del proceso a los que si puedan pagarla.

JUSTICIA gratis

Sobre la Justicia se ha hablado largo y tendido estos días. De hecho, las nuevas leyes que hacen que la Justicia Universal no tenga sentido en España y que congelan los casos relacionados con otros países es realmente polémica. Tampoco se nos olvidan las tasas judiciales introducidas por el gobierno y que en realidad han logrado justo el objetivo contrario que buscaban, ya que los juzgados continúan saturados y al mismo tiempo se ha recaudado menos de lo que se había previsto con la imposición de los nuevos tributos, así como han aumentado las injusticias. El mundo al revés.

Sin embargo, hay un dato positivo que destacar con el reglamento recién aprobado que aumenta los beneficiarios de la llamada justicia gratuita o de oficio, a la que tienen derecho las personas que justifiquen unos ingresos mínimos que no alcanzarían para poder defenderse o demandar en los tribunales. De hecho, anteriormente a la norma se utilizaba como vara de medir el Salario Mínimo Interprofesional y se señalaba que disfrutarían de este beneficio aquellos ciudadanos que no ganasen más de 2 salarios mensuales; es decir, cuyos ingresos no fuesen superiores a 1290,60€ a día de hoy.

Ahora el que se va a utilizar es el valor del IPRM, es decir, el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples. Recordamos que en 2014 esta cifra se colocó en los 632,50 €. Pese a que es inferior al salario mínimo interprofesional, para acceder a la justicia gratuita por ley, se amplía la renta de los posibles beneficiarios a 2,5 veces dicho indicador. Así tenemos que en principio, todos los españoles que ganen menos de 1.330 euros al mes podrían tener acceso a ese derecho fundamental y estar representados por un abogado de oficio sin que les supusiese coste alguno.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para calcular si se tiene o no derecho a la justicia gratuita también entran otros parámetros como por ejemplo el patrimonio, y además se contabilizan los ingresos íntegros de la unidad familiar. Por otro lado, para avalar esta nueva norma, a partir de ahora los ciudadanos que se puedan pagar el proceso han de abonar un 10% del coste total de éste como una tasa que permitiría la justicia universal ampliada a más beneficiarios. Esto último, teniendo en cuenta que pagamos impuestos por cientos de cosas, y que la ampliación ha sido mínima, yo no acabo de verlo, pero así es la ley.

Vía: Consumer

Imagen: olgaberrios

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