Las regulaciones estancan el mercado de alquileres

Las nuevas regulaciones hacen que algunos propietarios prefieran retirar sus viviendas del mercado que alquilarlas.

El sector de alquileres se estancan ante las regulaciones

En los últimos tres años el mercado de alquileres ha sido sometido a tres legislaciones que han ocasionado un caos regulatorio y el estancamiento del sector, afectando no solo a los grandes inversores sino, también a los contratos particulares.

El último decreto del Gobierno no ha sido la excepción. Las políticas en materia de vivienda han generado incertidumbres y descontentos en el sector inmobiliario, quienes denuncian que se han quedado sin beneficios.

Esperar la decisión final

El panorama es tan sombrío que ni la Diputación Permanente ha convalidado el decreto, que entre otras cosas liga la subida de alquileres con el IPC y amplía la duración de la relación entre inquilinos y contratistas.

A esto se le suma la votación de los partidos políticos quienes aún no han alzado su voz en apoyo. En este contexto, el Gobierno necesita la aprobación de Podemos, Bildu, PDECat, ERC y  PNV para que la norma salga a la luz.

Por su parte, Partido Popular ha sido firme con su opinión. Para ellos la legislación puede esperar pos su tramitación pues, no es urgente su debate, condición necesaria para que el parlamento la incluya en su agenda.

Volver al pasado

Si la Diputación Permanente sorprende con una respuesta negativa, la ley de 2013 puesta en marcha por el Partido Popular quedará como la rectora en la materia.

Esta situación ha paralizado la firma de nuevos contratos, ya que los propietarios aseguran que sus intereses están mejor resguardados con la legislación anterior.

Ahora mismo, el caos no ve su fin. Nadie sabe cuáles condiciones, normas o reglas debe seguir y la consecuencia directa es el paro del sector.

Volver al franquismo

Durante la época del franquismo la sociedad española vivió la congelación de los alquileres, situación que los expertos del ladrillo estiman pueda volver a suceder. En su momento los resultados fueron catastróficos:

  • El mercado se redujo de manera significativa
  • Los inquilinos compraban viviendas.
  • La oferta y la demanda fueron escasas o casi nulas.

Pero, en la actualidad se suma un nuevo obstáculo que empeora la situación, hay menos posibilidades de construir y las viviendas de protección social se han quedado en el olvido. Además, esto ha provocado que los precios de los alquileres suban vertiginosamente, tal es el caos de Barcelona y Madrid.

Sector inmobiliario también dice ‘no’

El sector inmobiliario ha desestimado el decreto, pues  lejos de incentivar el flujo de negociaciones para aumentar la oferta, denuncian la persecución de los propietarios, quienes para resguardar su patrimonio pueden verse en la obligación de sacar sus inmuebles del mercado.

Consideran inviable la legislación por las siguientes razones:

  • Para las personas físicas la prórroga de los contratos aumentó a cinco años, dos más que los establecidos por la ley anterior. Para las personas jurídicas aumento a siete años.
  • Establecieron tres años para las prórrogas tácitas.
  • El preaviso pasó a cuatro mese en el caso de que el arrendador no desee renovar. Si es el inquilino quien decidió culminar la relación, el preaviso es de dos meses.
  • Se establece el  índice de referencia de precios del alquiler para  que los beneficios fiscales introducidos por las autonomías tengan un soporte sólido.
  • La renta no podrá ser superior al IPC durante el tiempo que dure el contrato.

De esta manera, se excluyen los incentivos fiscales para los propietarios y se limita el cálculo de los precios.

Carne para los Fondos de Inversión

Son muchos los fondos de inversión que actúan en el sector inmobiliario. Pero, tras la incertidumbre generada el nivel de desconfianza inversora, sin dudas, aumentará. Los posibles escenarios que pueden surgir por la aprobación de la nueva ley son:

  • El aumento de los precios de salidas en las ofertas. Esto debido a la imposibilidad de revalorizar la renta, a la ampliación de los plazos del alquiler y a la reducción de todas las garantías que implicaban los alquileres de renta libre.
  • Las inversiones extranjeras disminuirán  porque la inseguridad jurídica no se refiere solo a los términos de los alquileres sino a todo el conjunto de sectores económicos que participan y conviven en el sector.
  • La desmoralización de los propietarios por no recibir incentivos fiscales a pesar de ajustar sus rentas a precios asequibles. De esta manera, se lleva a cabo la impugnación y penalización de los arrendatarios quienes son los que pueden paralizar la marcha del mercado.

Con este panorama no queda dudas del caos que sufre el mercado de alquileres. Tres años, tres regulaciones y más desconfianza jurídica. Apostar al diálogo y al consenso político parece inviable en un país que se sumerge en la lucha de intereses ideológicos.

Solo falta conseguir un punto de encuentro donde se consideren todos los posibles efectos tanto positivos como negativos en beneficio tanto del inquilino como del propietario.

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