Las criptomonedas ya deben ser declaradas a Hacienda

Una nueva Ley impondrá un mayor control a todos los procedimientos relacionados con las bitcoins.

El anteproyecto de Ley contiene una rigurosa vigilancia de los saldos de las cuentas nacionales y extranjeras en criptomonedas y sus titulares, así como el compromiso de comunicar sobre los procedimientos ejecutados en monedas virtuales.

Admitido en el Consejo de Ministros, este exigirá a los propietarios de cuentas en el extranjero de dineros virtuales que se comprometan en participar en la declaración de bienes y derechos en otros países.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que se presentarán sanciones superiores a los 100.000 euros para quienes vendan o mercantilicen software de doble uso, con el que se encubran servicios y ventas en los procedimientos con consumidores finales.

Detalles de la Ley

La norma demanda que los sistemas electrónicos o informáticos que sobrelleven tecnologías de gestión empresarial o contables avalen la inviolabilidad, conservación, integridad y trazabilidad de los registros de operaciones, aumentado la posibilidad de legitimación y que se instauren sanciones en caso inverso.

La ministra ha explicado que la Ley contendrá un conjunto de medidas contra las nuevas formas de fraude.  De esa manera se combatirán las prácticas inadecuadas de las multinacionales en lugar de hacer una planificación fiscal agresiva. Todo esto con el fin de formar un sistema fiscal más justo y redistributivo.

Recaudación pronosticada

La ministra ha sostenido que la estimación de más de 800 millones de euros es moderada, teniendo en cuenta que el anterior ejecutivo aspiraba en 1.000 millones los ingresos procedentes de leyes que se elaboraron con la finalidad de combatir el fraude.

Por otro lado, María Jesús Montero explicó en el anteproyecto se incorporaron otras medidas que tienen la finalidad de controlar el juego y las apuestas deportivas. De hecho, se preparó una “lista negra” con los operadores no acreditados.

De igual modo, se habilitarán poderes para que el Gobierno amplíe y actualice los paraísos fiscales. Incluye aquellos lugares donde se facilite este tipo de fraude y se añadieron nuevos motivos para incluirse dentro de esta lista.

En esta categoría se encontrarán lugares con poca o inexistente tributación, que no compartan de forma transparente con España la información tributaria sobre el titular real de los bienes o derechos en cuestión.

A su vez, se impide las amnistías fiscales, una ley que afectará a las grandes riquezas que perjudican a los “consumidores cumplidores”, dice.

Otra ley que junta este anteproyecto es la reforma de las restricciones del pago en efectivo, con la que intenta integrar más 200 millones de euros.

Para esto, se disminuirá de 2.500 a 1.000 euros el monto máximo de operaciones entre empresarios, y para las ejecutadas entre particulares el límite se mantiene en 2.500 euros.

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