El Ministerio de Empleo contrata seguridad low cost ¿Ya no hay que predicar con el ejemplo?

¿El trabajo “low cost” es algo coyuntural o ha llegado para quedarse? No hay que caer en la trampa, no se trata de reducir el paro a cualquier precio, es preciso generar una alternativa laboral de mayor calidad.

“Low cost” gubernamental

Si buscamos el significado de “low cost” nos encontraremos algo así como precios baratos, si afinamos un poco más la búsqueda, nos hablarán de empresas que ofrecen servicios a un precio inferior al que ofrecen otras de la competencia.

Si abrimos el ángulo de mira, lo primero que nos aparecen son vuelos baratos, vuelos “low cost”, y peluquerías, ropa, accesorios… todo “low cost”.

También trabajo “low cost”

Todo, menos trabajo “low cost”, ¿porque sería una vergüenza? Pues no lo crean, también aparece trabajo “low cost”, y encima vinculado al Ministerio de Empleo. Porque el departamento que dirige la ministra Fátima Báñez ha contratado a una empresa de seguridad para la vigilancia de los cuatro CAR (centros de atención al refugiado) que hay en España. Empresa que paga un sueldo base de 660 euros y sólo logra superar el mínimo legal gracias a los pluses.

Eso sí, preguntados por el asunto te dicen que todo es legal, el concurso es legal, y su resultado lo determina la Ley de Contratación Pública y “no hay discrecionalidad alguna”. Y que además están “muy encima de la situación, pendientes de que no se vulnere la ley”.

Pero, mientras, las empresas contratadas aplican de inmediato a los antiguos empleados que ya estaban contratados para la seguridad, sus condiciones laborales y no las del sector o de la adjudicataria anterior. La diferencia es grande ya que esos trabajadores venían percibiendo con anterioridad sueldos más altos y nada desorbitados, que ahora verán significativamente reducidos.

Esta rebaja inmediata de condiciones laborales genera dudas jurídicas y los tribunales ya han anulado algunas prácticas de este tipo de empresas, pero mientras no se vaya a juicio, acción que están estudiando ya los sindicatos, y exista una sentencia aclaratoria, podrá seguirse la práctica establecida hasta la fecha y amparada, aunque digan que no, por el Ministerio correspondiente.

Porque este tipo de situaciones ya se han vivido antes, o se están viviendo ahora, en otros Ministerios y ámbitos de la Administración del Estado. Sucedió en las instalaciones del BOE, cuya edición, impresión, publicación y difusión está encomendada, en régimen de descentralización funcional, a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. También en la Tesorería de la Seguridad Social y en la Administración General del Estado.

Y nadie desconoce que los recortes practicados en la Sanidad y la Enseñanza, se están solventando también mediante estos trabajos “low cost”. Se hacen convocatorias públicas de concursos en los que prima el aspecto económico a la hora de otorgarlos, hasta en un 80% sobre otro tipo de condiciones.

¿Se acuerdan de aquel chascarrillo de dos hermanos que se ofrecieron por un coste mínimo a realizar el túnel de la autopista que atraviesa la sierra de Guadarrama? Preguntados cómo iban a conseguir hacerlo tan barato, respondieron que empezando a picar cada uno por un lado. ¿Y si no se encuentran en el medio? Les dijeron. A lo que ellos respondieron: pues tienen dos túneles por el precio de uno.

“Low cost”: pan para hoy, hambre para mañana

Desgraciadamente el asunto es mucho más serio, porque estos trabajos “low cost”, que aparentemente sirven para bajar la cifra de desempleados, lo que hacen es transformar el paro en empleos de baja calidad y muy volátiles. Confiar únicamente en un modelo de “low cost”, no es beneficioso para el conjunto de la sociedad. No sólo supone una pérdida adquisitiva para el asalariado, sueldos basura, sino que además merman la eficacia económica.

Si se reduce la calidad del empleo y, por lo tanto, su remuneración, aumenta la llamada brecha salarial. El salario medio de las personas mejor pagadas de las empresas del Ibex supone 100 veces el gasto medio por empleado de esas mismas compañías.

Todo ello trae como consecuencia una reducción del nivel de vida y de las prestaciones sociales para amplios segmentos de la población. Y todo apunta a que no es un tema coyuntural, sino que podemos estar ante un nuevo modelo de relaciones laborales que ha venido para quedarse, por mucho que los ministros correspondientes nos quieran convencer de lo contrario.

Se necesita una nueva estrategia para mejorar la competitividad, que se apoye en la mejora de la productividad y no en el mantenimiento de salarios bajos. Hay que sentar las bases para crear empleo sin que ello suponga empeorar las condiciones de contratación.

De tanto concentrarnos en las reducciones de costes salariales, hemos olvidado construir un nuevo modelo económico basado en sectores con un mayor valor añadido, que permita reducir la tasa de paro y aumentar el nivel de vida general de la población. Para ello, hay que apostar por invertir en I+D.

Si es verdad que ha llegado la recuperación económica, es hora de reducir la desigualdad salarial. Continuar con la política de bajos salarios es pan para hoy y hambre para mañana.

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